7 noviembre, 2019

Los riesgos de las empresas argentinas de entrar en default

Las compañías locales deberán afrontar pagos por un total de 2.500 millones de dólares en 2021.

Las compañías argentinas, que tienen vencimientos de deuda en 2021, incrementarán el riesgo de entrar en cesación de pagos, si se dilata la restructuración de los bonos soberanos durante el próximo año, afirma Luciano Gremone, gerente analítico de calificación corporativa para América Latina de S&P Global Ratings en el evento “Argentina: oportunidades y desafíos de cara al futuro”, organizado por la agencia internacional.
“Las empresas dependen de que los mercados se reabran y para esto, el desafío principal que tiene la Argentina es resolver la cuestión de su deuda soberana lo antes posible durante 2020”, señala el analista.
El próximo año tan sólo dos compañías, YPF e IRSA, deberán pagar el capital de sus bonos por un total de 821 millones de dólares: 750 millones y 71 millones respectivamente. Sin embargo, este monto crecerá sustancialmente en 2021 hasta alcanzar los 2.500 millones de dólares.
La rueda de vencimientos comenzará en marzo con la petrolera controlada por el Estado, con 1.000 millones de dólares, y le seguirá Pan American Energy, con 333 millones, en mayo. Luego, en junio, deberán abonar el capital de sus títulos Telecom Argentina, con 465 millones, y Edesa, con 65 millones, y, al mes siguiente, harán lo propio Mastellone, con 200 millones, y Raghsa, con 58 millones.
Finalmente, en el mes de agosto, la transportadora eléctrica Transener deberá desembolsar 100 millones y cerrará la lista Compañía General de Combustibles (CGC), con 300 millones, en noviembre.
Gremone destaca que, si se vuelven a abrirse los mercados para las compañías argentinas, se reduciría el riesgo de que se produzca una cesación de pagos corporativa, porque, en el pasado cercano, ya hubo espacio para emisiones por 4.100 millones de dólares, en 2016 y 5.200 millones en 2017.
“En la medida que la Argentina consiga restructurar su deuda durante la primera mitad o en el transcurso de 2020, existen mayores chances de que en 2021 puedan abrirse algunas ventanas de crédito paulatinamente para quienes tengan mejor calidad de crédito, por lo que no sería un desafío tan grande esos refinanciamientos de 2.500 millones de dólares”, explica.
En cambio, si el proceso de negociación del gobierno nacional con los acreedores se dilata, el riesgo de que las empresas locales entren en una cesación de pago “va a ser mucho mayor”. Si eso ocurriera, S&P Global Ratings podría bajarle la calificación a alguna de ellas desde sus niveles actuales de B- a CCC durante el próximo año, resalta.
En la actualidad, la mayoría de las compañías argentinas tienen una nota un par de escalones por encima de la deuda soberana. Esto se debe a que buena parte de los posibles escenarios de restructuración que se manejan para el país en el corto plazo, “no necesariamente provocarían un default masivo de todo el sector privado”, explica Gremone.
“Las empresas no son inmunes a lo que pase, por eso, si bien las calificaciones están algunos niveles por encima de la Argentina, es porque en no en todos los casos estamos viendo una restructuración en el corto plazo como en el soberano – destaca -. Vemos que existen riesgos de que puedan hacerse de los dólares para el pago de su deuda, pero por ahora no hay grandes vencimientos en el sector fundamentalmente para 2020”.

El riesgo país
El futuro de la deuda de las empresas locales con vencimientos en 2021 dependerá de lo que ocurra con la negociación que mantendrá la Argentina con sus acreedores, pero también con las conversaciones que deberá llevar a cabo el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el director ejecutivo de la consultora EconViews, Miguel Kiguel, un acuerdo con la entidad multilateral de crédito va a ser esencial para logar a un entendimiento con los bonistas ya que a estos “lo que les interesa ver es la capacidad de pago que va a tener el país en cinco años” y eso va a depender del arreglo al que se llegue con el organismo.
“Qué sentido tiene arreglar con los bonistas y ofrecerles extender plazo y bajar cupón si no hay detrás un plan macroeconómico – destacó en el evento -. Lo primero que tiene que hacer la Argentina en el próximo gobierno es acordar con el Fondo. El mundo sigue viendo a FMI como una ISO 9000, como algo que es una garantía de que mínimamente es algo razonable”.
El ex subsecretario de Finanzas de la Nación, sostiene que las negociaciones van a ser largas porque hay mucho para discutir y visiones muy disímiles entre el nuevo gobierno las autoridades de la entidad. Entre los puntos que deberán abordar están el tema fiscal y monetario, los planes de sostenibilidad de la deuda, de reformas estructurales, de pensión, laboral y tributaria.
“El programa con el FMI ha sido un fracaso. No hay nada para mostrar y eso tiene culpas conjuntas”, afirma Kiguel. Su postura coincide con la del presidente electo, quien les pidió a sus directivos que hagan un mea culpa de su actuación en estos últimos dos años con respecto a lo actuado con el país.
“El Fondo tiene que asumir la responsabilidad que tuvo, quiero que revise lo que hizo y nos ayude a pagar. Nuestra decisión de pagar está”, destacó Fernández ayer en su último día de gira por México. “Tengo muchas expectativas en que vamos a poder salir adelante. Todos saben que el FMI ha sido cómplice de lo que ha pasado. Confío en que vamos a tener una negociación cierta y vamos a poder explicar nuestra verdad”, destacó en una entrevista con el ex mandatario ecuatoriano, Rafael Correa.
Un factor importante para lograr el acuerdo va a ser la relación que mantenga el gobierno con la administración de Donald Trump, por el peso que tienen en las tomas de decisiones del organismo, influencia que hizo sentir en los últimos tiempos para que se lograran los desembolsos para la Argentina.
“El tema Venezuela es central y vamos a ver la actitud que toma el gobierno de Alberto Fernández. Eso es lo que van a estar mirando en los Estados Unidos para decidir cuánto nos va a ayudar en la negociación con el FMI”, resalta el ex funcionario.
Una vez que logre acordar con la entidad, el gobierno deberá sentarse a negociar con los acreedores, ya que para Kiguel “hace falta un milagro para que la Argentina pueda seguir pagando la deuda sin problemas”, pese a que destaca que el país tiene “más un problema de liquidez que de solvencia, porque nadie le cree”.
“La deuda con los privados y multilaterales, que es la que hay que pagar en serio, es de 211.000 millones de dólares, menos del 50% del PBI. No muchos países defaultean ni piensan que no es sostenible con ese nivel de deuda – resalta el ex funcionario -. Si nadie nos cree, no nos prestan y entonces no podemos refinanciar. El problema más serio no es que deje de pagar sino cómo se logra un acuerdo con los bonistas”.
El presidente electo ya anunció que el país no podrá cumplir con los compromisos asumidos y que deberá buscar una salida al respecto, aunque no detalló cuál será estrategia que llevará adelante durante su mandato. “El mundo tiene que entender que no somos Macri. Nosotros no mentimos. No podemos pagar en las condiciones en las que está la economía argentina. Cuando fuimos al default dimos un plan de pago. No es que no pagamos más. Y salimos pagando. Ahora debemos hacer lo mismo”, destacó Fernández en la entrevista con Correa.
Para esto, Kiguel sostiene que le van a exigir que explique cuál va a ser el tipo de cambio real, porque el 80% de la deuda es en dólares, y cuál va a ser el déficit primario a largo plazo, que se “logra con recortes del gasto público” y tocándole “el bolsillo a la gente porque la mayor parte del gasto público es de planes, jubilaciones y subsidios”.
A su vez, le van a pedir que especifique cuál va a ser el nivel de crecimiento. “Con este nivel de impuestos, regulaciones laborales y tamaño del sector público es difícil que este país crezca a un ritmo rápido. Un 3% es muy optimista”, destaca.
La Argentina tiene vencimientos de 12.700 millones de dólares de capital, más 2.700 millones de intereses, que incluye Letes, Lecap y otros títulos en pesos (7.500 millones de capital y 1.400 millones de intereses) y en 5.200 millones y 1.100 millones de dólares respectivamente con el sector público en el mercado local. A esto, hay que sumarle los 13.000 millones de dólares de capital y 2.500 millones de interés de títulos en pesos y 9.700 millones y 1.800 millones de obligaciones negociables en dólares con ley local y otros 400 millones de capital y 4.100 millones de interés con ley extranjera, que en su mayoría deberán abonarse en el primer cuatrimestre del año.
Por esa, razón Kiguel sostiene que, si la negociación dura tiempo y nadie le presta dinero al país, el gobierno “no va a poder seguir pagando todo y va a tener que entrar en algún tipo de moratoria” en el que debería incluir todos los títulos que tiene emitidos.
“La Argentina no necesitaría una quita nominal porque el ratio deuda/PBI no es tan alto y si la economía mejora bajaría rápidamente. El problema central son los intereses en los próximos años, que equivalen a tres puntos del PBI – explica -. La base de una nueva negociación es que ese nivel baje a casi 0, por los próximos cuatro años. Va a haber que tratar de hacerlo sobre toda para bajar la carga fiscal y hacer que la Argentina sea sostenible”.
En el caso de los bonos con legislación local, el gobierno sólo necesita emitir un decreto autorizando la medida, detalla el ex funcionario. Sin embargo, con los que tienen ley extranjera es más complejo ya que hay que es necesario llegar a un acuerdo con los acreedores.
“Es más fácil restructurar la deuda que emitió Macri que la de Cristina, porque las cláusulas son mucho más restrictivas en el caso de los Par y Discount por eso cotizan más alto – resalta Kiguel – . La Argentina debería lograr un acuerdo que lo acepten más del 85% de los bonistas, con algo amigable, porque si no tenemos acceso al crédito y no arreglamos este problema no vamos a poder crecer”.
Fernández sostiene que los acreedores comprenden la situación en la que se encuentra el país y confía en que se podrá llegar a un acuerdo. “Queremos pagar. Argentina se tiene que poner de pie. La comunidad internacional lo entiende y creo que nos va a acompañar”, destaca en la entrevista con Correa.
En tanto, Sebastián Briozzo, gerente analítico de Finanzas Públicas Internacionales y Soberanas para América Latina de S&P Global Ratings, concuerda con el planteo de Kiguel y destacó durante el evento que es difícil que el planteo que proponga el país “no lleve una quita” en el capital.
“La refinanciación de la deuda en estos años no parece tan compleja. El problema que no tiene es cómo va a hacer fiscalmente para resolver esto. La Argentina necesita una consistencia fiscal que dudo que la vaya a tener”, explica.
Para el ex funcionario, la quita podría ser de entre un “30 y 40% del valor presente”, lo que le permitiría al país tener una nueva oportunidad de volver a crecer. Sin embargo, afirma que en el mundo “cada crisis es una oportunidad y la Argentina hace de cada oportunidad una crisis”.

Por Hernán Dobry

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