18 febrero, 2020

IMPSA busca frenar las obras de Aña Cuá

La empresa presentó una medida cautelar en la justicia porteña.

IMPSA busca frenar en la Justicia la construcción de la represa Aña Cuá, en la provincia de Corrientes, ya que considera que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cometió irregularidades durante la adjudicación del contrato para la provisión y el montaje del equipamiento electromecánico, afirman tres fuentes.
La empresa mendocina presentó una “medida cautelar inaudita” el 23 de diciembre de 2019, en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, para evitar que avance durante cincuenta días hábiles la ejecución del contrato firmado con Voith Hydro para el suministro de las turbinas y otros equipamientos para la central hidroeléctrica hasta que el organismo le entregue “copia íntegra y completa del expediente (y todos sus anexos) de la licitación para poder ser compulsado y analizado tanto en lo referente a los aspectos legales, técnicos y económicos”.
IMPSA aduce que la entidad binacional no utilizó las fórmulas de reajuste para calcular el monto final de su oferta, con lo que hubiera resultado más barata que la de la compañía alemana, sumado a que hubiera generado mano de obra local e ingresos al fisco por los impuestos pagados en el país. A su vez, señala que los germanos tampoco presentaron un modelo de turbina a escala para hacer las pruebas tal como estaba estipulado en los pliegos.
“La empresa aduce que los pesos que ellos cotizaron no son los mismos que cuando se abrieron los sobres porque la moneda se devaluó y que habría que recalcular el monto en dólares tomando la cotización de ese momento. Eso es erróneo porque se toman los dólares a valor equivalente – explica una cuarta fuente cercana a la EBY -. Además, si esos pesos se los ajustara por el índice de precios al consumidor, que es como suele hacerse en estos contratos, su oferta sigue siendo más cara”.
En la licitación, la propuesta de Voith Hydro fue de 99,70 millones de dólares, mientras que la del consorcio Araverá, conformado por IMPSA, CIE y PowerChina Guizhou Engineering, de 116,38 millones.
La firma mendocina solicitó que se habilitara la feria judicial para tratar en forma urgente su pedido ya que el contrato debía comenzar a ejecutarse en enero y, luego, sus avances serían difíciles de revertir.
El magistrado Esteban Carlos Furnari, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2, que estaba a cargo durante las vacaciones, consideró que esto no era necesario y postergó cualquier decisión hasta febrero cuando Gilardi Madariaga de Negre volviera a estar al frente de la causa.
La demanda puso en seguida en alerta a Voith, quien fue adjudicada con el contrato el 23 de julio de 2019 y lo firmó el 22 de octubre. Sus representantes locales se contactaron con las autoridades argentinas y paraguayas de la EBY para ver el alcance y las consecuencias que podría tener este proceso en la continuidad del proceso ya que debe que comenzar la fabricación de las turbinas para cumplir con las fechas establecidas.
Desde la entidad binacional, que del lado argentino aún mantiene en sus puestos a los funcionarios nombrados por Cambiemos, los tranquilizaron con dos medidas. La primera fue con el descargo que realizó su asesor jurídico, Alejandro Tonelli, el 11 de febrero en Tribunales en el que justificó lo actuado, rebatió los argumentos de IMPSA y pidió que la magistrada desestimara todas las peticiones y la medida cautelar.
“Recién con fecha 23 de diciembre de 2019 entabló la presente acción judicial requiriendo vista de las actuaciones y ‘suspensión del procedimiento’. En otras palabras, la actora voluntariamente demoró 4 meses y 18 días en solicitar el mismo auxilio judicial que ahora refiere urgente y respecto del cual estratégicamente sostiene el ‘peligro en la demora’ para peticionar una medida cautelar suspensiva – señaló el abogado, quien se encuentra temporariamente al frente de la EBY, en el escrito -. Resulta más que evidente que la presente acción judicial no es más que un vano y triste intento de demorar la ejecución del contrato de la Licitación Pública Internacional 669, a fin de utilizar en beneficio personal el reciente cambio de gobierno y autoridades”.
Por el momento, Gilardi Madariaga de Negre no se ha pronunciado, pero desde la entidad binacional estiman que va a terminar decidiendo en forma similar a la que lo hizo el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 4, de la ciudad de Buenos Aires, en una causa similar en la que José Cartellone Construcciones Civiles solicitó en agosto de 2019 una medida cautelar para frenar el contrato para la obra civil de la represa Añá Cuá.
La magistrada Rita Ailán desestimó el pedido en octubre, pero la empresa mendocina apeló ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La demanda fue girada a la Sala V, que la rechazó y confirmó la resolución el 6 de febrero.
Ahora, Cartellone solo tiene como opción recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que no suele tomar estos casos, a lo que se le suman los fallos de las decisiones que ya adoptaron las instancias anteriores, afirma la cuarta fuente.
Luego de conocerse el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, la ATE Aña Cuá ART compuesta por Astaldi, Rovella Carranza y Tecnoedil envió la factura por los 19 millones que le corresponden de adelanto que le serán abonados en marzo, señala.
La otra medida que tranquilizó a los alemanes fue que la entidad binacional siguió avanzando con el proceso y le pagó a comienzos de febrero los 10 millones de dólares correspondientes al 10% de anticipo que estipulaba el contrato, explica. La factura había sido presentada en enero cuando IMPSA ya había iniciado la medida cautelar.
Este es uno de los puntos que la compañía fundada por la familia Pescarmona buscaba paralizar en la Justicia, señala una de las fuentes. “Si comenzara a ejecutarse el contrato de inmediato, obtenido con manifiestas irregularidades de un proceso licitatorio amañado y violentando por los menos tres leyes positivas argentinas, esto perjudicaría los derechos de mi patrocinada en cuanto su oferta era técnica y económicamente más convenientes, y además perjudicaría al bien público nacional, por los antecedentes ut supra apuntados, en momento en que nuestro país está atravesando una crisis macroeconómica, que no le permite dilapidar recursos adquiriendo bienes defectuosos y con contratistas con graves antecedentes técnicos”, señala el representante legal de la firma, Eduardo Fabián D’Aiello, en escrito presentado ante la Justicia.
En caso de que la magistrada falle en contra de la EBY y tuviera que deshacer el contrato, será muy complejo calcular el dinero que debería devolverle a Voith Hydro, quien, a su vez, recurrirá a los tribunales para que la recompense por los daños y perjuicios ocasionados, señala la cuarta fuente.

Un largo proceso
IMPSA decidió recurrir a la Justicia el 23 de diciembre luego de varias instancias que realizó frente a la EBY en las que le solicitó formalmente la entrega de la documentación referente a la oferta de Voith Hydro. La entidad binacional se niega a suministrársela, aduciendo que no está estipulado dentro de los pliegos de la licitación esta alternativa.
La primera fue el 30 de enero, el mismo día que se abrió el sobre con la propuesta económica, y como no obtuvo respuesta satisfactoria volvió a insistir dos días después con una carta en la que solicitaba que se descalificara a la compañía alemana por no haber presentado un modelo de turbina a escala para hacer las pruebas tal como estaba planteado en los pliegos.
Los intentos de la empresa mendocina por obtener la información continuaron sin éxito luego que la adjudicación del contrato. Por esa razón, su apoderada, Rosario Díaz Súnico, presentó un reclamo ante la Secretaría de Energía de la Nación el 9 de diciembre, un día antes de que Mauricio Macri dejara el poder, para que le permitieran ver el expediente y que instara la EBY a paralizar el proceso.
No obtuvo respuesta. Por esa razón, dos semanas más tarde decidió recurrir a la Justicia para paralizar el avance del contrato mediante una medida cautelar, que de cualquier forma siguió su curso normal, como si nada hubiera ocurrido.
Pese a esto, IMPSA continuó haciendo gestiones ante el gobierno de Alberto Fernández. Así, reiteró su reclamo en la reunión que mantuvo su CEO, Juan Carlos Fernández, con el secretario de Energía, Sergio Lanziani, el 31 de enero. El funcionario le respondió que estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y que consideraba a la compañía mendocina como “estratégica” para la Argentina.

La continuidad de los trabajos
La EBY planea invertir 292,94 millones de dólares para la construcción de la central hidroeléctrica Aña Cuá durante los cuatro años que durarán los trabajos, menos de la mitad de los 665 millones que estimaba cuando lanzó la licitación en septiembre de 2017 (luego se redujeron a 400 millones).
Hasta el momento, lleva desembolsados 29 millones de dólares (los de la obra civil se pagarán en marzo) correspondientes a los adelantos del 10% estipulado en los contratos firmados con las empresas que resultaron ganadoras del concurso de precios que concluyó en 2019.
La entidad binacional planea financiar la construcción de la represa con su propio flujo de caja. Sin embargo, sus directivos están analizando cómo harán para cubrir los desembolsos si el gobierno de Alberto Fernández le recorta la tarifa que recibe por la electricidad que genera Yacyretá.
Cuando se lanzó la licitación en 2017, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) le pagaba la energía a 38,50 dólares por MW, con lo que generaba 800 millones de dólares de flujo de caja al año y le permitía destinar unos 300 millones para inversiones.
Con la reducción implementada por el gobierno de Macri a través la Resolución 1 del 1 de marzo de 2019, la EBY pasó a cobrar 17 dólares por MW, con lo que recibió cerca de 600 millones el año pasado (aún no se dio a conocer el balance), a los que habría que restarle las inversiones en líneas de alta tensión y recupero de las turbinas y los gastos de operación y mantenimiento, explica la cuarta fuente.
De esta formal la entidad argentino-paraguaya ya tiene cubiertos todos los fondos necesarios para financiar sus requerimientos para 2020 y los adelantos para las obras de Aña Cuá, detalla. “No vemos en esta etapa un problema financiero”, resalta.
Los problemas podrían comenzar si el Gobierno implementa la pesificación, la indexación por una fórmula polinómica que incluye al índice de precios al consumidor y el mayorista y el recorte de tarifas que tiene planificado anunciar Lanziani en los próximos días, afirma la misma fuente.
Según El Cronista, la reducción sería de un 45% para las centrales hidroeléctricas retroactivo al 1 de febrero. En tanto, EconoJournal señala que Yacyretá y Salto Grande verán reducidos sus ingresos en 20 millones de dólares.
“Si esto ocurre, vamos a tener que sentarnos a negociar con el Gobierno porque no va a alcanzar para financiar las obras de Aña Cuá. O fijan una tarifa que cubra estos costos o van a tener que asignar fondos”, destaca la cuarta fuente.
En la actualidad, la EBY está trabajando en el flujo de caja de la nueva central y de Yacyretá, dice. 2021 será un año fuerte de desembolsos para la construcción de la represa, que estiman que será de unos 50 millones de dólares. “Hay un compromiso político para seguir adelante con el proceso”, concluye.

Por Hernán Dobry

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