27 abril, 2020

Dos nuevos impuestos para las energías renovables

Las empresas están en situación de alerta por la nueva medida.

Las empresas y las cámaras de energías renovables en la Argentina están en estado de alerta ante la posibilidad de que se desate una ola de impuestos en los municipios donde están situados sus plantas y proyectos.
El detonante se produjo el jueves pasado cuando el Concejo Deliberante de Puerto Madryn decidió grabar con dos nuevas tasas a los parques eólicos (aunque también a los solares y biogás o similares) que funcionan o están en construcción en la localidad patagónica, aduciendo una necesidad de recursos para hacer frente a los efectos de la cuarentena.
“La medida se apuró por la urgencia que tenemos para luchar contra el Covid-19 y es importante que las grandes empresas hagan algún aporte – afirma el concejal Dardo Petroli, presidente del bloque del oficialista Chubut al Frente -. Es una cuestión recaudatoria y les da oxígeno a las arcas municipales en medio de la pandemia”.
La parálisis de la economía nacional y el futuro aciago que enfrentará el turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad, llevaron a su intendente Gustavo Sastre a promulgar la Ordenanza Municipal 11.349 horas después de su votación y a publicarla el Boletín Oficial comunal al día siguiente.
Las empresas y las cámaras sectoriales temen que esta medida siente un precedente a nivel nacional y que sea tomado como ejemplo por otras localidades de la provincia y del país, en tiempos de escasez de recursos y parálisis de la actividad productiva.
“La Cámara Eólica Argentina manifiesta su gran preocupación frente al dictado de la Ordenanza Municipal N° 11.349 del Consejo Deliberante de Puerto Madryn (Chubut), y por su eventual efecto en otras jurisdicciones – explica en un comunicado -. Los proyectos eólicos son inversiones a muy largo plazo que necesitan de absoluta estabilidad fiscal para su viabilidad. Cargas impositivas o tasas de la naturaleza de la ordenanza municipal aludida, no son soportables para estos proyectos y la fuente de trabajo que representan”.
En tanto, su gerente general, Héctor Ruiz Moreno, advierte que “puede haber un efecto contagio, primero en forma regional en el sur, porque otras localidades ven que puede obtener una tasa de esta naturaleza y se van a tentar a conseguir lo mismo, cuando están tan ajustadas económicamente como Puerto Madryn. Esta normativa es peligrosa y va a contramano de la prudencia que hay que tener en este proceso en medio de un contexto como el actual y en la situación económico-financiera que se encuentran las empresas”.
Desde la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) concuerdan. “Es un mal precedente porque como los gobiernos locales necesitan fondos, van a hacer lo mismo. Es un efecto contagio peligroso porque es dinero fácil para los municipios”, sostiene una fuente cercana a la entidad sectorial. En tanto, una fuente de la industria destaca que los intendentes de Rawson y Trelew quieren tomar medidas similares.
Esta es la primera vez que un distrito tiene éxito en grabar a este sector con tasas municipales o provinciales desde que entró en vigencia la ley nacional 27.191, de “Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica”, el 15 de octubre de 2015. Sin embargo, hubo varios intentos fallidos desde ese entonces.
El primero en hacerlo público fue el por entonces diputado nacional por La Rioja, Luis Beder Herrrera quien amenazó en septiembre de 2017 con colocarle un impuesto al sol a los proyectos fotovoltaicos que se estaban desarrollando en su territorio.
“Es un negocio financiero importantísimo y no es que les cobré el sol, pero sí los recursos naturales, que son de las provincias, eso lo establece la constitución: los minerales, el viento, el aire, todo es de las provincias”, afirmó en una entrevista con la radio local Fénix.
En febrero del año pasado, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, también se tentó con la idea de colocar un impuesto al aire para los proyectos que están funcionado en su territorio, con un argumento similar al de Beder Herrera: “Las inversiones en energía eólica no dejan nada”.
“Lo único que deja es la mano de obra al principio y, después, se reduce sustancialmente. Para todo el mundo sonaba ridículo el famoso impuesto al viento, pero hoy nos damos cuenta de que no era tan ridículo, porque era una forma de cobrar un impuesto a un recurso natural”, señaló su ministro de Infraestructura, Raúl Chicala.
En la misma línea, se pronunció el diputado por el Pueblo de Puerto Deseado, Carlos Santi, quien promovió una medida similar para aplicar en Santa Cruz. “Vemos que es un negocio entre privados, donde las provincias quedan afuera, donde no podemos cobrarles ningún impuesto. El viento es un recurso natural y como tal pertenece a las provincias”, explicó al diario La Voz Santacruceña.
Todos estos intentos chocaron con la oposición del gobierno de Mauricio Macri, que presionó a los mandatarios provinciales para que no siguieran adelante, ya que esto perjudicaba su programa para impulsar las inversiones en energías renovables en el país y les generaba inseguridad jurídica a las empresas.
“Antes había otro gobierno que se oponía a ponerles tributos a los molinos, pero ahora hay otra administración y esto se relajó. La gente nos pide que lo hagamos. Por eso, la medida se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante”, resalta Petroli.
Sin embargo, la Secretaría de Energía de la Nación se opone a que los municipios cobren este tipo de tasas o impuestos, no sólo en Puerto Madryn sino, también, en otros lugares del país.

Legal o ilegal
Más allá del interés recaudatorio de los municipios y gobernaciones o los problemas que causan en las finanzas de las empresas la imputación de estos nuevos gravámenes, existe un debate sobre si esta clase de tasas tiene o no validez.
Según el artículo 17 de la ley 27.191, el acceso y la utilización de las energías renovables “no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025”. Sólo permite cobrar un “canon o contraprestación equivalente por el uso de tierras fiscales en las que se instalen los emprendimientos”.
Por esta razón, Genneia, Pan American Energy (PAE) y Aluminio Argentino (Aluar), las tres empresas alcanzadas por la nueva ordenanza municipal de Puerto Madryn, están estudiando qué medidas judiciales tomarán al respecto.
“Genneia está analizando la razonabilidad de los impuestos y tasas que se están creando tanto a nivel local, como provincial y nacional, pero de antemano rechaza los mismos, ya que afectan la estabilidad jurídica de los contratos y derechos constitucionales garantizados”, destaca la compañía en un comunicado.
En tanto, desde Aluar señalan que “están estudiando los alcances de la medida tomada por el Concejo Deliberante. El Departamento de Legales está analizando sus implicancias”.
Mas allá de esto, Genneia piensa presentar un recurso extraordinario ante la Justicia durante esta semana para frenar la implementación de estos nuevos impuestos. Dependerá, entonces, del magistrado de turno aceptar o no la medida cautelar en medio de la feria judicial dictada por la Corte Suprema debido a la cuarentena que rige en todo el país.
Si el juez rechaza la posibilidad de habilitar el trámite, las compañías deberán pagar las nuevas tasas, que se encuentran vigentes desde 24 de abril, para evitar sanciones por parte de las autoridades de Puerto Madryn, hasta que puedan ingresar el nuevo pedido cuando termine la cuarentena.
Desde la administración de la localidad patagónica, la visión es diferente. Petroli sostiene que “el municipio es independiente de las decisiones que tome el gobierno provincial y nacional, por lo que puede cobrar sus propios impuestos”, a pesar de que Chubut haya adherido a la ley de energías renovables.
En los fundamentos de la ordenanza municipal 11.349, los concejales sostienen que “la autonomía municipal se debe definir como la capacidad que tienen las comunas de dictarse su propia ley, darse sus propias instituciones y de gobernarse por medio de ellas, sin que ningún otro órgano ejerza sobre el mismo autoridad alguna que desnaturalice dicha potestad.
A su vez, resaltan “que la autonomía económica y financiera – autarcía – es uno de los elementos fundamentales que permiten a un municipio ser considerado plenamente autónomo. Es imprescindible que las comunas posean la facultad de autodeterminarse en materia financiera y tributaria, lo cual debe entenderse no sólo en el sentido de poder administrar sus propios recursos, sino que deben contar con ingresos suficientes para hacer frente a las funciones que les son inherentes, así como a las que les han sido transferidas: esos mayores recursos deben provenir de un mayor poder tributario con el que ellas deben contar”.
En caso de que las empresas se nieguen a pagar las nuevas tasas a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre su legalidad o acepte o rechace la medida cautelar, el municipio tiene la facultad para tomar sanciones que podrían complicar sus operaciones.
“Si no pagan, podemos ir con la Policía y solicitarles la habilitación de los molinos para poder funcionar. Si no la tienen, deberemos clausurarlos hasta que la tramiten”, afirma Petroli. El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, concuerda y agrega que “cualquier persona que debe tributar y no cumple, debe ser sancionado”.
Hasta la sanción de la nueva ordenanza, los parques eólicos no precisaban autorización del municipio para operar ya que estaban exentos del pago de la tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental.
En el caso de que se vean obligadas a abonarla, las compañías del sector están habilitadas a pedirle a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista (CAMMESA) pasar estos nuevos costos a la tarifa.
Según el artículo 13 de la ley 27.191, las empresas “podrán trasladar al precio pactado en los contratos de abastecimiento de energía renovable celebrados, los mayores costos derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidas con posterioridad a la celebración de dichos contratos”.
Sin embargo, destaca que el generador “tendrá derecho a solicitar el reconocimiento de un nuevo precio de la energía suministrada”, lo que implica que deberá pedirle autorización a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para poder hacerlo.
“Todos los miembros de la Cámara Eólica ya le adelantamos a CAMMESA el impacto que puede traer la implementación de nuevos impuestos porque tendíamos que pedir que lo pasen a la tarifa”, explica la misma fuente de la industria, quien se muestra escéptica de que la administración de Alberto Fernández se los apruebe en un contexto como el actual.

El nuevo impuesto
El municipio de Puerto Madryn lleva más de un año intentando gravar con tasas al sector de energías renovables. El primer intento lo hizo durante la gestión del intendente Ricardo Sastre, hermano del actual mandatario y vicegobernador de Chubut en funciones, pero la presión de las empresas y de la administración de Macri impidieron que pudieran sancionar la normativa.
El Concejo Deliberante dio un paso más para lograrlo el 22 de noviembre de 2019 cuando aprobó la duplicación del ejido de la ciudad, ampliando los limites hacia el norte, sur y oeste. De esta forma, quedaron bajo su órbita los parques eólicos de Genneia, PAE y Aluar.
“Impugnamos la medida por la ampliación no responde a un crecimiento poblacional sino a que los parques queden adentro y poder cobrar impuestos”, explica una fuente cercana a Genneia. La protesta no surtió efecto, por lo que la resolución se encuentra vigente y sirvió como base para proponer los gravámenes sancionados el 23 de abril.

La ordenanza municipal 11.179 establece que las empresas deberán abonar una tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental, de 300.000 módulos A anuales para los parques que tengan una superficie de 20 millones de metros cuadrados, de 500.000 para los que sean de entre 20.000.001 y 50 millones de metros cuadrados y de 700.000 para los de más de 50 millones.
“El pago se deberá hacer en forma retroactiva al 1 de enero de 2020”, explica Petroli, aunque la normativa no lo establece explícitamente. Para este año, los valores vigentes para los módulos A es de 10,98 pesos entre enero y abril; 12,63, entre mayo y agosto, y 13,89 entre septiembre y diciembre.
Esto implica que el primer grupo deberá abonar 45 millones de pesos anuales (677.976 dólares al tipo de cambio oficial de hoy), el segundo, 75 millones (1,30 millones de dólares) y el tercero 105 millones (1,58 millones de dólares).
De esta forma, Genneia tendrá que pagar 180 millones de pesos (2,88 millones de dólares) por sus parques Madryn, de 220 MW, que tiene más de 70 millones de metros cuadrados, y Chubut Norte, de 28,40 MW, cuya superficie es de más de 20 millones de metros cuadrados.
El caso de Aluar es más confuso, ya que cuenta con tres plantas eólicas (El Llano I, II y III de 164,80 MW) que ocupan un total de 80 millones de metros cuadrados, por los que debería abonar 105 millones de pesos (1,58 millones de dólares). Sin embargo, también se los podría considerar como tres separados por los que cada uno de ellos entraría en la segunda categoría, con lo que monto se incrementaría a 225 millones de pesos (3,90 millones de dólares).
La ordenanza municipal establece un segundo impuesto en concepto de “contribuciones que inciden sobre la construcción de obras particulares y obras realizadas dentro del ejido municipal” por el que las compañías tendrán que pagar el 2% del total de la inversión final requerida para afrontar la totalidad de las obras de parques eólicos, solares, sistemas de biogás o similares “que se encuentran en ejecución o a ejecutarse”.
Previo a esto, deberán presentarle a la Municipalidad “una declaración jurada firmada indicando el valor de la inversión a realizar con su correspondiente desglose de materiales y servicios”.
Esta es la parte más polémica y confusa de la normativa. “Pueden aducir que los parques no tienen habilitación de la Municipalidad y considerarlos en construcción y pedirnos que lo paguemos”, explica la fuente cercana a Genneia.
Por otra parte, esta tasa está gravando a los proyectos que aún no comenzaron y que en el contexto económico-financiero actual del país difícilmente se realicen en el corto plazo, si es que se llevan a cabo alguna vez.
Genneia y PAE deberán pagar cerca de 6 millones de dólares (3 millones cada una) ya que las obras de sus parques Chubut Norte II, III y IV (de 26, 82,80 y 57,60 MW respectivamente) requerirán una inversión total de aproximadamente 300 millones de dólares. “No tenemos pensado parar las obras a pesar de este impuesto”, explica la fuente cercana la compañía energética.
El caso de Aluar es más confuso ya que actualmente no está construyendo ningún proyecto renovable. Sin embargo, tenía planificado desarrollar la cuarta etapa de El Llano, de 50 MW, a principios de este año, pero debió suspenderla debido a la crisis financiera del país. Allí, pensaba desembolsar 60 millones de dólares, por lo que tendrá que abonar 1,20 millones, si las autoridades consideran que entra dentro del nuevo impuesto.
Con estos nuevos impuestos, la Municipalidad de Puerto Madryn podría recaudar entre 10,46 y 14 millones de dólares durante este año y seguir cobrando un mínimo de 4,46 millones más a partir de 2021 sólo por las tasas de los parques que actualmente están en funcionamiento, a los que abría que sumarles los que Genneia espera terminar durante 2020.
Debido al tamaño del monto que deberán abonar las empresas, Petroli sostiene que están “dispuestos a sentarse a negociar un plan de pagos, ya que si no deberían hacerlo todo junto en una sola cuota”.
“Es una locura tener que pagar un impuesto en este momento en el que estamos buscando que los bancos que nos aprobaron los créditos nos pongan la plata antes de que la Argentina entre en default de su deuda”, concluye la fuente cercana a Genneia.

Por Hernán Dobry

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