18 mayo, 2020

Devuelven tres proyectos renovables en la Argentina

La empresa consideró inviable el desarrollo de sus parques por la crisis financiera en el país.

Devuelven tres proyectos renovables en la Argentina
Isla Power logró devolverle a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) tres proyectos solares que contaban con prioridad de despacho, porque le resultaba imposible construirlos debido a la crisis financiera que atraviesa la Argentina desde hace dos años.
La empresa canadiense había decidido a mediados de 2019 deshacerse de sus tres plantas fotovoltaicas Tocota Solar I (50 MW), Tocota Solar II (6 MW) y Tocota Solar II A (4 MW), en la provincia de San Juan, y dejar el país, intentando perder la menor cantidad de dinero posible.
La medida la tomó luego de fracasar en su intento por venderle los proyectos a Scatec Solar, con quien venía manteniendo negociaciones. La compañía noruega de energías renovables había paralizado su plan de expansión en la Argentina hasta que se conociera el resultado de las PASO, medida que aún sigue vigente, al punto de que a su oficina local le ordenaron buscar alternativas en otros lugares de Sudamérica como Colombia o Chile, como adelantó Desarrollo Energético.
Entonces, los canadienses buscaron todas las formas posibles de devolverle a CAMMESA la prioridad de despacho, que les había asignado en mayo y agosto de 2018, pagando la menor cantidad de multas posibles y evitando que le ejecutaran la cauciones que habían depositado como garantía.
Las negociaciones con la actualmente desaparecida Subsecretaría de Energías Renovables llevaron meses, pero finalmente Isla Power logró salir victoriosa sin costo alguno, durante la presidencia de Alberto Fernández.
La compañía adujo que la capacidad ampliada de transporte de electricidad no se había terminado, por lo que le resultaría imposible conectar el parque a tiempo y cerrar contratos de venta de energía con potenciales clientes, afirma una fuente cercana a CAMMESA. Isla Power había acordado suministrarle 50 MW de electricidad, generados en Tocota I, durante 20 años, a una comercializadora de energía, como adelantó Desarrollo Energético.
Para esto, se basó en el texto del artículo 22 de la disposición 1 de la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación, del 9 de enero de 2018, que sostenía que “si la habilitación comercial del proyecto no puede cumplirse en el plazo establecido al otorgar la prioridad de despacho en los términos de este artículo o su eventual prórroga, por la demora y/o no construcción y/o no habilitación de la capacidad de transporte prevista, se restituirá al interesado la caución presentada para obtener la prioridad y se dejará sin efecto esta última, a menos que el interesado opte por renovar la caución por el plazo necesario hasta que la ampliación de la capacidad de transporte prevista se concrete”.
El titular de la cartera durante la gestión de Cambiemos, Sebastián Kind, intentó convencerlos para que siguieran adelante con el proyecto y les ofreció extenderles la fecha de inicio de operaciones comerciales (COD por sus siglas en inglés), pero no hubo forma, explica la misma fuente.
Los canadienses ya habían perdido todo interés de seguir en el país y, menos aún, pensaban en incrementar el monto de las cauciones que les pedían para estirar los plazos, a la espera de que el gobierno sanjuanino terminara la línea de alta tensión a la que debía conectarse para inyectar la electricidad en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE) debía concluir en diciembre con las obras de la línea de 500 kV para conectar la subestación San Juan con la de Rodeo y la expansión esta última, como adelantó Desarrollo Energético.
Los canadienses se cansaron de los constantes retrasos en la construcción del tendido eléctrico que debía realizar la provincia, que una y otra vez se fue postergando. Actualmente, la fecha estimada para la finalización de las obras se ha extendido hasta mediados de junio, aunque no hay certeza de que se cumpla, explica una fuente cercana a Scatec Solar, que también depende se ella para poner en funcionamiento su parque solar Guañizuil II A, de 100 MW.
La empresa noruega ya tiene terminada su planta y está realizando los ajustes de comisionamiento en frío con técnicos locales (sin perder la garantía), ya que los especialistas de Huawei y NEXTracker no pudieron viajar desde China y los Estados Unidos a la Argentina debido al cierre de los aeropuertos en el país, luego de que se decretara el aislamiento preventivo y obligatorio, resalta.
Isla Power pensaba invertir 60 millones de dólares en la construcción de Tocota Solar, I, II y IIA, que planeaba fondearlo con aportes de su socio controlante The Wynn Group of Companies o su brazo solar Moose Power y, luego, refinanciarlos con créditos bancarios internacionales bajo la modalidad de project finance.
Su idea original era comenzar con las obras en enero de 2019 para tenerlos terminados entre agosto y septiembre de ese año año. Según el contrato firmado con CAMMESA, tenía tiempo hasta comienzos del segundo semestre de 2020 para finalizarlos.

Un caso anterior
Isla Power es la segunda empresa que logra devolver un proyecto al que CAMMESA le asignó con prioridad de despacho. Hasta ahora, ninguna ha conseguido dar de baja un contrato adjudicado en las licitaciones RenovAr.
La primera en hacerlo fue el Grupo Frali, que debía construir el parque eólico La Banderita II, de 10,80 MW, en la provincia de La Pampa, para vender electricidad a grandes consumidores.
A mediados de 2019, la empresa, que ya cuenta con La Banderita I, de 39,60 MW en funcionamiento, le solicitó la cancelación del contrato a la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación debido a que no había recibido los beneficios fiscales que el gobierno le había prometido, explica una fuente cercana a la compañía. De esta forma, se le tornaba imposible realizar el proyecto.
El pedido se basó en el artículo 19 de la disposición 1 que establece que “los titulares de proyectos que hubieren obtenido prioridad de despacho conforme lo previsto en el artículo 10 del Anexo de la Resolución N° 281/2017 podrán desistir de aquélla en caso de que el monto total de beneficios fiscales que se les otorguen sean un diez por ciento (10%), o más, menor al monto total que hubieren solicitado. En este caso, se devolverá la caución oportunamente constituida”.
Si bien Kind intentó convencerlos para que siguieran adelante, el Grupo Frali se mantuvo firme en su pedido y logró que le devolvieran las garantías que había puesto y que dieran de baja la prioridad de despacho, en septiembre de 2019.
CAMMESA se la había asignado el 4 de mayo de 2018. La empresa planeaba invertir 15 millones de dólares en el proyecto, que pensaba financiera con un crédito a siete años con bancos estadounidenses, tal como lo había hecho con La Banderita I, donde desembolsó 60 millones, como adelantó Desarrollo Energético.

Un sistema en problemas
La crisis financiera que atraviesa la Argentina desde hace dos años ha tornado imposible la construcción de muchos de los parques de energías renovables que aún no han comenzado las obras por lo que las empresas que cuentan con PPA o prioridad de despacho están buscando la forma de desprenderse de ellos.
Según datos recabados por Desarrollo Energético cerca del 36% de los MW que fueron adjudicados en las distintas licitaciones RenovAr y en las rondas realizadas por CAMMESA nunca iniciaron los trabajos y la mayoría de ellos han incumplido con los hitos establecidos en los contratos e, incluso, con los CODs.
Si bien estos problemas impactan en la construcción de los parques eólicos y solares por igual, hay más cantidad de proyectos fotovoltaicos afectados (26 contra 14), aunque los primeros representan más cantidad de MW (892,4 contra 817,02).
Incluso, en las últimas rondas de asignación de prioridad de despacho realizadas por CAMMESA, se presentaron nuevos proyectos, pero ninguno consiguió las garantías que establece el contrato, por lo que fueron dadas de baja.
La postergación en el inicio de las obras ha llevado a que incumpliera con muchos de los hitos fijados en los contratos, por lo que han acumulado multas que los han tornado prácticamente imposibles de desarrollar.
Por esa razón, tantos las empresas del sector como las distintas cámaras que las nuclean le han pedido al gobierno anterior y al actual que busque una solución ya que les resulta imposible conseguir financiamiento por la crisis que atraviesa la Argentina hace dos años.
El año pasado, Kind les había propuesto una variante para posponer el COD de los proyectos adjudicados en las RenovAr 2 y 2,5. El documento establecía tres alternativas, de las que había que escoger dos, que incluían la opción de que las empresas incrementaran la cantidad de contenido local que usarían en las plantas, una disminución del precio del contrato de compra de energía o una reducción en su plazo de 20 años. Ninguna se presentó porque les resultaba inviables construirlos bajo esos términos.
Desde que asumió el gobierno Alberto Fernández, las energías renovables pasaron a un segundo plano, al punto de que degradó la Subsecretaría al Dirección Nacional y recién hace un mes asumió en ese puesto el neuquino Guillermo Martínez.
La Cámara Eólica Argentina recién pudo reunirse con el funcionario el 7 de mayo en forma virtual y le planteó estos problemas. Si bien no se llevaron definiciones acordaron conformar una mesa de trabajo entre los distintos organismos del Estado Nacional involucrados y la entidad.
Las principales empresas del sector, que han construidos sus proyectos, quieren que el gobierno ejecute las garantías de los que no se hicieron, por incumplimiento de los contratos, y vuelva a licitar o incluir en las rondas de CAMMESA el espació que quede disponible.
Su propuesta se basa en que ellos tuvieron que pagar tasas de interés elevadas para llegar a tiempo con los plazos establecidos en las licitaciones y que los demás no tomaron riesgo y siguen con los proyectos en su poder.
El problema que se le plantea al gobierno es que si ejecuta todas las cauciones que presentaron como garantía las empresas que incumplieron los contratos podría llevar a la quiebra a buena parte de las compañías de seguro que se las otorgaron.
Por esa razón, algunos sectores proponen que la mejor alternativa sería que devuelvan los proyectos sin penalidades (o muy bajas) y que ese espacio se vuelva licitar en un futuro cuando la situación del país esté más estable.

Por Hernán Dobry

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