16 octubre, 2019

BID y BICE paralizan créditos para la construcción de autopistas

La medida se debe a las turbulencias políticas y económicas que vive el país.

BID Invest y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) paralizaron los créditos por 1.100 millones de dólares que estaban negociando con seis consorcios locales y extranjeros para financiar para financiar la etapa I de los contratos adjudicados bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP) para construir 2.559 kilómetros de rutas en el país, afirman dos fuentes.
La decisión de ambas entidades está vinculada con la incertidumbre que existe sobre las medidas que pueda adoptar el próximo gobierno y la crisis económico-financiera que se ha profundizado en la Argentina tras conocerse el resultado de las PASO, el 11 de agosto.
Las autoridades de la unidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resolvieron esperar a que se conozca el resultado de las próximas elecciones presidenciales para decidir si siguen adelante con el desembolso comprometido de 200 millones de dólares que pensaban hacer al fideicomiso especial creado por el Gobierno Nacional, explican las dos fuentes.
Este instrumento, de 1.000 millones y administrado por el BICE, fue diseñado para ayudar a las compañías que obtuvieron contratos PPP, con problemas para obtener financiamiento para el desarrollo de las rutas, debido a que los bancos comerciales internacionales estaban enfrentando trabas para otorgarles fondos en forma directa por cuestiones de cumplimiento (compliance) ya que sus dueños y/o directivos estaban involucrados en la causa de los cuadernos.
“BID Invest dijo que no va a hacer nada con respecto a este préstamo hasta que no tenga las reglas del juego más claras. Van a esperar a que se sepa quién es el próximo presidente para sentarse a conversar nuevamente”, afirma una de las fuentes.
Del fideicomiso también participan los bancos estadounidenses JP Morgan, Goldman Sachs y Citibank, el suizo UBS, y el japonés Nomura Holdings, quienes tienen comprometido suministrar los restantes 800 millones de dólares.
El Banco Nación, que originalmente había anunciado que iba a aportar 200 millones de dólares a este instrumento, se bajó luego de que BID Invest decidiera encabezar el préstamo internacional para las obras, señala la primera fuente.
En un principio, el Directorio de la entidad multilateral de crédito iba a decidir sobre el desembolso de los fondos a principios de agosto, pero optó por postergarla sin nueva fecha luego del resultado de las PASO, señala la misma fuente. El monto máximo al que cada compañía podrá acceder es de 170 millones.
Los seis consorcios que obtuvieron contratos PPP en la licitación realizada por el Ministerio de Transporte de la Nación habían iniciado los trámites para obtener los créditos, resalta la primera fuente. José Cartellone Construcciones Civiles (Corredor C) y las UTEs Helport-Panedile Argentina-Eleprint-Obras y Servicios (COPASA) (Corredores E y F), CCA Civil Panamá-Green (Corredor B), Rovella Carranza-JCR-Mota-Engil America (Corredor Sur), y Paolini Hermanos-Vial Agro-INC fueron las ganadoras de la contienda en junio de 2018.

El financiamiento local
En paralelo, Cartellone y los consorcios liderados por Rovella Carranza y Paolini habían llegado a un acuerdo para que el BICE financiara su capital de trabajo con créditos por un total de hasta 15 millones de dólares con tasa Libor + 8% (cerca del 10.05%) a 18 meses que serían repagados con parte de los fondos que proveería el BID Invest y los demás bancos internacionales.
El dinero sería entregado mensualmente a cambio de los certificados de avance de obra (TPI) que está emitiendo el Gobierno Nacional para abonar los trabajos realizados, explica la primera fuente. La administración de Mauricio Macri creó otro fideicomiso especial con lo recaudado con el impuesto al gasoil y los peajes de las autopistas 9 y Ricchieri para este fin.
Todo cambió tras las PASO ya que la única que logró obtener el dinero fue la constructora mendocina, que recibió 4,20 millones de dólares con esas características el 6 de agosto, correspondiente al primer desembolso mensual que había pactado con el banco estatal, explica la primera fuente.
Los otros dos consorcios se atrasaron en la presentación de los pedidos de los fondos y cuando quisieron hacerlo, tras las elecciones primarias, fue demasiado tarde. La disparada del riesgo país y la cotización del dólar hizo que se modificaran las tasas acordadas, tal como estaba estipulado en una de las cláusulas del contrato, lo que tornó inviable la operación, resalta.
A esto, se sumó que el Directorio del BICE decidió paralizar el otorgamiento de nuevos préstamos ya que le resulta difícil estimar cuánto deberían pagar las empresas por el dinero y, a la vez, resguardarse de posibles demandas judiciales en el futuro por haberlos otorgado a tasas bajas, detalla.
Una vez pasada las turbulencias iniciales, que llevaron al dólar a cerca de 63 pesos y el riesgo país a 2.532 puntos, el banco estatal se sentó a negociar nuevamente las condiciones con Cartellone para los siguientes desembolsos y con los otros dos consorcios para iniciar el proceso, señala.
La primera propuesta fue continuar con los préstamos en dólares a tasas más altas que las pactadas originalmente, explican las dos fuentes. Sin embargo, esta posibilidad quedó descartada por las restricciones impuestas por el Banco Central para los movimientos con la divisa estadounidense, dicen.
Entonces, el BICE les ofreció convertirles el monto de los créditos a pesos y dárselos con tasas de mercado al momento de cada desembolso, lo que tornaba inviable la operación por los costos que tenían que pagar por el dinero, señalan.
Finalmente, la tercera opción que barajaron fue comprarles a las compañías los TPIs que recibían del Gobierno con una tasa de descuento a cambio de los fondos que precisaban para las obras, destaca la primera fuente y agrega que no lograron llegar a un acuerdo.
Las conversaciones se prolongaron en el tiempo hasta octubre, lo que llevó a que el banco estatal ya no pueda autorizar nuevos créditos a partir de este mes, debido a las restricciones que rigen para el período electoral y de transición presidencial, por lo que las empresas deberán recurrir a otras fuentes para poder solventar las obras viales, ya que esta alternativa ha quedado fuera de carrera, concluye la primera fuente.
Por Hernán Dobry

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